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Mexim es la encargada de reutilizar los
desechos de la mina de la zona de Valle Perdido
Gabriel Meza
La Procuraduría Federal de
Protección al Medio Ambiente (Profepa) ha sostenido reuniones con las
autoridades ambientales, con el objetivo de analizar si la empresa francesa Mexim
–encargada de reutilizar los desechos de la mina “La Testera”- ha incumplido
con las condicionantes contenidas en su autorización.
Después de que la dependencia
federal detectará actividad extractiva en la zona de Valle Perdido, donde se
localiza “La Testera”, Laura Pimentel, titular de Profepa, ha conversado
con la delegación en Baja California Sur de la Secretaría del medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) para llegar a una conclusión sobre el tema. Se
tiene contemplado una segunda visita para inspeccionar la zona.
Mexim solicitó un permiso para reutilizar el
material abandonado en las presas de jales para tratarlo y obtener restos de
materiales preciosos. Sin embargo, tras una denuncia a la Profepa, inspectores
descubrieron un tajo de 100 metros cuadrados de largo y con 30
metros de profundidad, espacio que no contaba con autorización para impacto
ambiental y cambio de uso de suelo.
Desde la semana pasada,
comunicó la servidora pública, se trabaja en el tópico que salió a colación en
distintos medios de comunicación, incluido El Independiente. El tema fue
señalado por Raúl Manríquez y Janet Manríquez, vecinos de las comunidades ejidales
de El Rosario y San Antonio, reprobaron que las autoridades consientan” La
Testera” opere en la región en predios privados de personas que viven en La
Paz.
Tras la denuncia, Profepa
acudió al lugar para corroborar las acusaciones, que originaron la clausura de
la zona por no contar con permiso de cambio de uso de suelo. Sin embargo,
Mexim, siguió operando y es por ello que analizan la posibilidad de cerrar
definitivamente a la firma francesa.
Por su parte, Agustín Bravo,
gerente en el estado del Centro Mexicano del Derecho ambiental (Cemda),
interpuso una denuncia tras conocer la ilegalidad del proyecto. Su
representante expresa: "lamentable que en Baja California Sur las
autoridades y políticos hayan creado el caldo de cultivo perfecto para la minería
tóxica: Falta de leyes e instituciones, e ineficacia y pobre aplicación de las
existentes. El Estado seguirá siendo tierra propicia para proyectos
contaminantes".
Además agrego que: “Por un
lado, las autoridades federales, fundamentalmente la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA), fueron incapaces de lograr mantener la
clausura que en su momento impuso a la Mina La Testera, misma que
presuntivamente sigue operando en la ilegalidad”.
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