Gabriel Meza
A diferencia de lo declarado
de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE); la Procuraduría
General de la República (PGR) investigará supuestos casos de trata de
personas en la municipalidad de Los Cabos. "No existen ni
averiguaciones previas o antecedentes de la operación de redes de trata de
personas en la entidad" aseguró Gamil Arreola Leal, al informar de una
reunión sostenida con la diputada Rosi Orozco, Presidenta de la Comisión
Especial para Combatir la Trata de Personas, de la Cámara de Diputados.
Por trata de personas
se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la
recepción de personas que luego de recurrir a la amenaza o al uso de fuerza,
entre otras formas de coacción como el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de
poder o de situación de vulnerabilidad; o a la concesión o recepción de pagos o
beneficios, obtienen el consentimiento de una persona para que tenga autoridad
sobre ella, con fines de explotación sexual, así como trabajos o servicios
forzados, la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos (ONU, 2000).
Bernal Romero adelantó,
además, que se realizará una investigación detallada de cada uno de los
posibles procesos por los delitos dentro de la delegación. Para ello, iniciará
reuniones con el Instituto de Migración —sin precisar sobre qué temas se
enfocarían— y cree importante que los tres niveles participen para erradicar la
ese tipo de transgresiones.
La legisladora federal indicó
que, nuestra nación posee un una herramienta jurídica recién creada, en la Ley
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas que coloca, como un delito oficioso, que no necesita una denuncia
o querella, por lo tanto el Ministerio Público, está ineludible a actuar, al
momento de recibir información de la posible comisión de este tipo de delito.
El abogado del estado, por su
parte, reconoció que “existe un programa federal que [se va a] analizar para
ser partícipes en este estado, para el siguiente año crear una unidad de manera
especializada en la atención de este delito".
Entre otros asuntos, la PGR
solicitará una reforma a la nueva legislatura del Congreso de la Unión a fin de
establecer responsabilidades penales a las personas jurídicas o morales,
particularmente en el caso del delito de trata de personas; ya que en Baja
California Sur todavía no hay sentencias ni operativo para combatir el delito.
Por increíble que parezca, los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa,
Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco,
Guanajuato, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán, también realizarán
este procedimiento.
“Es un asunto grave,
generalmente, efectuado por la delincuencia organizada. Es necesario redoblas
esfuerzos con el estado”, expresó Bernal Romero.
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