Gabriel Meza
La semana pasada estuvo cargada de sobresaltos. En el fondo ambiental –temática constante a Baja California Sur- la minería sigue dando sobresaltos y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio a conocer la negativa de explotar a la Compañía Minera La Pitalla. El proyecto San Antonio –repudiado por gran parte de la ciudadanía- fue rechazado por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), lo que terminó con una rápida respuesta de la subsidiaria de Argonaut Gold.
La dependencia federal, a través de la delegación –en Baja California
Sur- anunció la noticia, dando como argumento el Plan de Desarrollo Urbano (PDU), el cual, expresa que no se
permite la actividad industrial en el área donde se pretendía desarrollar, y donde
—pese a ello— ya se realizaban labores de exploración.
Sin dar señales claras de retroceder, Compañía Minera Pitalla insiste en
seguir luchando. Su idea es impugnar la decisión de la Dirección General de
Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), quien le dio una negativa a la empresa de
explotar la zona de San Antonio para establecer el proyecto en un área de
“Protección ecológica de aprovechamiento y sin aprovechamiento industrial”, según
establece el Programa de Desarrollo
Urbano (PDU).
En está ocasión los instrumentos de planeación como los Programas de Ordenamiento Ecológico Local y Estatal (aún no aprobados), y el mismo PDU, ayudan a detener
la llegada del proyecto minero: “por ello es importante tenerlos para
municipios […] y estados”, añadió el funcionario público. El promotor, en este
caso la empresa canadiense, ya fue notificada en los términos que indica la Ley General para el Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente.
En otro apartado del texto, el consorcio minero explica que “le hizo
saber previamente a la autoridad federal que cuenta con los argumentos para
demostrar que este ordenamiento no aplica para el proyecto al contar con vicios
de origen”. En el comunicado, aprovecharon para agradecer a los pobladores de
las comunidades que han mostrado su apoyo a la industria extractiva. El martes
(7 de agosto), trabajadores y habitantes de rancherías del sur de La Paz, se
manifestaron en la explanada de Palacio Municipal para exponer su opinión
positiva a la actividad.
“Siguen vigentes todos los contratos al igual que nuestros programas
sociales como el servicio médico gratuito y el plan de becas en tanto se
resuelve la impugnación; y a las autoridades pedirles continúen abiertos a
conocer un proyecto que ambientalmente y técnicamente es totalmente viable”,
finalizó la compañía.
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