· La Federación de Cooperativas Pesqueras (Fedecop) de la entidad, no avala el posicionamiento de las organizaciones ambientales
Gabriel Meza
Luego de
la relevancia que ha tomado en los medios de comunicación la mortandad de la
tortuga amarilla o caguama (Caretta caretta), Rigoberto García
Soto, director de Inspección y Vigilancia de la Comisión Nacional de Pesca
(Conapesca), aseveró que hasta el momento no existen ejemplares con marcas de
redes de arrastres o ganchos.
Aunque aseguró que no se
descartará ninguna hipótesis en la investigación llevada a cabo para conocer la
causa que se registró en el Golfo de Ullóa, a 40 kilómetros en la playa Bajo
23, algunos especímenes localizados ya fueron analizados y se detectó
la intoxicación por macro algas, así como deshidratación.
El año pasado, el Centro
Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) dio cifras sobre la elevada mortalidad de
la tortuga, que aumentó de forma alarmante en un 600% debido principalmente a
la falta de regulación por parte de la Conapesca, así como de las pesquerías
que atrapan y ahogan a las tortugas en sus redes de pesca.
La Conapesca y la Secretaría
de Pesca del Estado coincidieron con lo anterior, es decir, aceptaron el deceso
de 1,099 ejemplares y confirmaron la revisión de 1,082 embarcaciones de
pescadores ribereños.
En el 2013, se han detectado
25 tortugas amarillas en distintos grados de descomposición en el área. No
obstante, el funcionario federal indicó que también se localizaron 10
ejemplares de lobo marino, cuatro delfines, diferentes almejas y miles de
crustáceos. Resaltó la rareza de que 22 eran hembras.
“No podemos descartar el
supuesto de la influencia de la mano del hombre, pero no hay evidencia al
momento que así lo indique”, expresó García Soto.
La especie continúa
sucumbiendo, tanto así que reveló que otras cinco fueron encontradas, las
cuales recibieron un tratamiento contra la deshidratación y
desintoxicación. Por tal razón, en
la conferencia de prensa se dieron a conocer las estrategias que serán
implementadas para conocer y acabar con el fallecimiento. La UABCS y el Centro
Interdisciplinario de Ciencias Marinas se unirán a los esfuerzos por conocer el
origen de la problemática.
Las instituciones científicas,
junto al gobierno federal, crearán un protocolo de investigación físico-químico
e instalarán laboratorios en las playas del Golfo de Ullóa, en las
inmediaciones de puerto San Carlos, en Comondú. También se efectuarán
recorridos diarios y se identificará el punto exacto donde están muriendo. Es
preciso recordar que ese lugar de la península es conocido por su importancia
en la alimentación.
“Existen dos antecedentes de
mortalidad, uno en 1989 y otro en 2007. Estamos trabajando con la gente por el
incremento del 500% […]. Puedo asegurar que de 547 embarcaciones, sólo en una
se decomisaron 10 kilogramos de tortuga pero no existe tráfico”, detalló.
CEMDA
Por su parte el coordinador de
Políticas Públicas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda),
Alejandro Olivera, quien estuvo presente en la rueda de prensa ofrecida
por CONAPESCA y la Secretaría de Pesca Estatal, calificó como un
retroceso las declaraciones y la postura del gobierno mexicano ante la
mortandad de tortugas marinas en el Golfo de Ullóa.
“Parece que vamos para
atrás; el año pasado los pescadores aceptaron que capturaban –en
reuniones entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil–, por ello se
creó la zona de las 23 brasas, pero los pescadores no se comprometen a dejar de
pescar en el área de distribución de tortugas marinas”, explicó.
Evocó una investigación
efectuada por el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), en la que se
encontraron 80 ejemplares atrapados en una red. “Ya cuentan con
información oficial, científica y de la NOAA (National Oceanic and
Atmospheric Administration)”, informó.
Calificó como desafortunado el
que se niegue la mortandad de tortugas aun con la información
científica publicada del NOA, que se basó en un estudio de campo de la
PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente).
En la entrevista con medios de
comunicación, Marco Antonio Muratalla Olivas, Subdelegado de
Pesca, intervino y cuestionó –con grabadora en mano– al
ambientalista sobre si tenía pruebas fidedignas de sus declaraciones. Olivera
le recordó a Hoyt Peckman, investigador de Standford, pero el funcionario le
refutó expresando que “trabaja para Grupo Tortuguero de las Californias”;
a lo que respondió: “no importa, es investigador”.
“Actualmente, hay condiciones
para que Estados Unidos le requiera al gobierno mexicano sí se están
violentando las condiciones para que se dé un embargo pesquero, pero no es
inmediato", comentó el ambientalista, refiriéndose al proceso de
evaluación mediante el cual Estados Unidos podría tomar una desición.
"Estamos en la mira de lo que sucede en Baja California Sur y hay
preocupación", añadió el ambientalista.
PESCADORES
Alejandro Tirado
Martínez, presidente de Federaciones Cooperativas Pesqueras (Fedecop) de
la entidad, lamentó el posicionamiento de las organizaciones ambientales y
señaló que existen intereses internacionales para aplicar un embargo pesquero a
México.
“Imagínate que promulgan pesca
ilegal, la pesquería de camarón o callo de almeja se afectaría. Es
irresponsable señalar al pescador mexicano, es irresponsables por parte de las
organizaciones no gubernamentales”, subrayó el representante del sector
pesquero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario