La tranquilidad de la sala de
espera del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) fue interrumpida. Una
posible injusticia volvió a fraguar una manifestación contra el sistema
judicial: una protesta a favor de la liberación de Saúl Iván Sánchez Camarilla.
El acusado fue detenido el
pasado sábado 8 de junio sin una orden expresa por agentes de la
Policía Ministerial. Su esposa de 29 años y su hijo de apenas siete meses fueron
testigos. Capturado en San Pedro, se le acusó por un aparente despojo en contra
de un empresario del ramo hotelero: Mateo Park Venet.
Josefa Sánchez Cota, tía del
recluido, niega tal cosa. Con desesperación, la mujer mostró las
escrituras de sus tierras. “Por más de 70 años hemos vivido ahí”, subrayó
mientras mostraba un puñado de hojas: sus escrituras.
Se trata de un predio de 500
hectáreas localizado en la playa El Coyote, zona perfecta para el desarrollo
inmobiliario. “Perteneció a mis padres, ahora a mis hermanos. Vemos con
tristeza la desatención de las autoridades locales; no es posible que
cualquier americano con dólares llegue y diga: aquí me gusta', busque a
cualquier magistrado o especialista en la materia y logre despojarnos”, expresó
desesperada.
El dueño –asegura doña Josefa–
tiene escrituras de un predio ubicado al norte de Santo Domingo, frente a
playas del Pacífico y con esos documentos, Eulogio Verdugo Perpully (conocido
por llevar el caso de Daniel Sánchez, presunto homicida del joven Jonathan
Hernández Ascencio) giró orden de aprehensión y calificó el delito
a Sánchez Camarilla como grave, es decir, sin derecho a fianza.
“Con ese documento quieren
invadirnos”, señaló la afectada, quien reitera que la denuncia está
fuera de lugar por despojo.
Mientras ella hablaba, un
altavoz en la parte más alta del recinto emitió la
voz gangosa y aguda de un oficial, mencionando a Saúl Iván
Sánchez Camarilla. Él estaba tras las rejillas hablando con sus dos
abogados. Su familia comenzaba a desenrollar cartulinas, aunque un policía
les pidió que no lo hicieran.
En los carteles de colores
fosforescentes se leían consignas en contra el magistrado presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, Daniel Gallo Rodríguez y el
controvertido juez, Verdugo Perpully.
No es la primera vez que la
familia Sánchez Cota es molestada por tan valiosa franja de tierra. Su
hermano, difunto hace unos años, fue víctima de atropellos por parte de la
Policía Ministerial. En dos ocasiones han intentado quedarse con su
rancho.
Al notar la corrupción
existente, doña Josefa reveló que tendrán que acudir a cortes internacionales
para solicitar ayuda. Analizan acercarse al Tratado de Estambul y demostrar, de
una vez por todas, la certeza de sus tierras, heredadas por el abuelo: Gerardo
Sánchez, proveniente del Recodo, Sinaloa, hace 70 años.
Culpan de atentar con su
familia a su propio tío Agustín Juárez, “quien se ha empecinado
en hacernos daño, al igual que Ramón Cota Rochín” para apartarlos de lo
que les pertenece. “Si quieren mis tierras, podemos negociar pero tienen
que pagar”, finalizó la desesperada mujer.
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