Gabriel Meza
“Así es aquí en La Paz, ya
está confirmado. Vengo de poner una denuncia pero no creo en la justicia de
Baja California Sur”, declaró para El Independiente, Blanca Esthela Rivera,
tras la golpiza que recibiera por agentes del orden.
Ella dice ser víctima de abuso
de poder. Agentes de la Policía Estatal, encapuchados, entraron a su cuarto
–por equivocación–, en la Colonia Agustín Olachea y golpearon a su hijo de 14
años. Todo sucedió el viernes 25 de septiembre, el día que tembló; ella nunca
se imaginaría que la madrugada lluviosa, marcaría para siempre a su familia e
iniciaría una especie de paranoia por la presencia de esos personajes, quienes,
en un principio, tenían el objetivo de proteger a ésta sociedad.
Mucho se ha presumido la
profesionalización de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en Baja California
Sur (BCS), como una solución para terminar con las viejas prácticas de la
corporación. El abuso de poder, ante la panacea que ofrecen los elementos
“acreditables”, queda de lado y la sombra vuelve a cernirse en quienes dependen
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
Todo corría normal en la
alejada zona, Blanca Esthela partió a otro domicilio – donde vive ahora – a
verificar las goteras del inmueble, cerca del bulevar Padre Kino.
Mientras se preocupaba por el agua, su adolecente retoño se quedó en casa.
Paralelamente, en la madrugada, un operativo comenzó su andar por el sector 1,
eran tres unidades de la Policía Estatal y una de la Dirección de
Tránsito Municipal; iban por un supuesto malhechor, la dirección era la misma –
no está claro si a propósito o sólo fue un resbalón –.
Una patada a la puerta, rompió
el silencio y despertó a los vecinos, los encapuchados se fueron contra el
joven, al mismo tiempo empezaron a revolver la pequeña habitación.
Tiraron colchón, destrozaron ventanas al ritmo de los puñetazos en la cara del
menor de la familia. Testigos se acercaron para cuestionar el por qué se le
propinaba tales golpazos, duros. La respuesta de la Policía Estatal fue cortar
cartucho, obligando la retirada de los testigos del fatídico espectáculo del
poder. No encontraron al sospechoso pero se llevaron 3 mil pesos, un celular y
dejaron una amenaza al lastimado: “te llevaremos a terreno si dices algo”.
En la noche, la madre
regresaba pero allí, es común ver patrullas (una con el número
SSPBCS-112) y no le pareció raro que cuatro patrullas pasaran frente a
ella. Al arribar encontró al menor de edad, golpeado, ensangrentado por el
labio reventado e inflamado de la cara. La impotencia embargó a esa mujer, la
habían herido.
Indica existen más denuncias
contra autoridades de justicia, con los agentes rasos que patrullan la ciudad
(municipales, estatales y ministeriales). Habló de ese rumor escuchado
por muchos: la protección de delincuentes. “Yo he visto como los saludan;
¿y a nosotros qué?, nos golpean”, revela la enojada madre.
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