Gabriel Meza
Una mujer, desesperada se
acercó a El Independiente, para reclamar a las autoridades
penitenciarias para que regresen a su hijo.
Considera ilegal en el Centro
de Rehabilitación Social (CERESO), afectando a su hijo. Juana Domínguez Flores
acusó a las autoridades del penal de trasladar, sin previo aviso, a su retoño a
las instalaciones penitenciarias de la municipalidad de Los Cabos, a modo de
castigo, por un enfrentamiento entre internos. "Él es inocente",
declara.
Sus problemas no terminan
allí. Cuando contrató a un abogado –de apellido Ramírez– para defenderlo del
delito que se le imputaba por robo a casa habitación, tuvo que pagar 12
mil pesos al litigante para liberarlo pero no sucedió.
Ella resalta la inocencia de
su vástago, quien señala lo retirado del lugar para visitar al joven, quien se
encuentra encerrado en aquel inmueble. Sólo le permiten –dice– llevar un
recipiente con pasta, un rollo de papel higiénico para todo un mes; aparte,
tiene que conseguir el dinero para trasladarse a la lejana cárcel, significando
gastos para su familia.
Todo lo anterior es calificado
como un abuso por Domínguez Flores, insinuando la existencia de privilegios
para aquellos presos que pagan. Por ejemplo –explica– sobre un rumor que habla
del regreso de penados al CERESO de La Paz, al dar 25 mil pesos, “no me
consta”, advierte; pero gente internada le contó. Quienes regresaron,
presumiblemente, estuvieron involucrados en el acontecimiento que mandó a su
hijo a San José del Cabo.
En vez de eso, se le acusó de
un delito anterior y quedó encerrado, de nueva cuenta. Ella piensa que el
defensor se quedó con el dinero.
Las declaraciones sonaban a
las de una mujer urgida por ver de regreso a su heredero, consciente que quizá
no salga pero que tendrá la oportunidad de verlo más veces, estando en ciudad
capital.
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