Gabriel Meza
La
característica principal del titular de la PGJE – explicó Daniel Hernández
Aguirre– es la incapacidad. Las averiguaciones previas mal elaboradas son el
resultado de esa ignorancia por procurar la justicia.
El padre del
joven asesinado, además, analiza la posibilidad de demandar al Gobierno del
Estado por el “cochinero” que han hecho en el caso y de paso exige a la
administración de Marcos Covarrubias Villaseñor la destitución del jefe de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Gamill Arreola Leal.
Solicita un procurador “que se siente en la silla y no ande de gira con el
señor gobernador”.
La
característica principal del titular de la PGJE – explicó – es la incapacidad.
Las averiguaciones previas mal elaboradas son el resultado de esa ignorancia
por procurar la justicia. “Marcos (gobernador) ya es hora que ponga un alto a
esta falta de respeto […] Espero que no salgan a defenderlo otra vez” y
atribuyó el amparo federal obtenido por Daniel Sánchez Ávila – encontrado
culpable por Eligio Verdugo Pérpuly, titular del Juzgado Primero de Primera
Instancia del ramo penal por el crimen de su hijo – como una muestra de
la ineptitud e insuficiencia de pruebas contra el acusado.
Si sólo
hubiera leído la necropsia – prosiguió – la contradicción de los testigos
que señalaron a Sánchez Ávila disparando desde el barandal del bar “Las
Micheladas”. El abogado de Sánchez Ávila, Miguel Ángel Meza Figueroa, denunció
el 01 de noviembre de 2012 una presunta fabricación del caso para culpar a su
defendido. El día 02 de enero, Francisco Javier Silva de Anda, juez segundo de
Distrito en el estado, otorgó el amparo y protección de la justicia federal a
Daniel José Sánchez Ávila, de 29 años de edad.
Hernández
Aguirre acusó, de paso, a todos los funcionarios (agentes del Ministerio
Público, jueces y a la fiscalía especializada en el caso) de entorpecer el
esclarecimiento del caso; “Allí están los nombres de Fernando González Rubio y
Karim Martínez (ambos ex procuradores) le tienen miedo. Ellos los pusieron para
proteger a los asesinos; que no les busquen, detengan a esas personas”,
externó.
En su
opinión, el mandatario estatal debe estar enterado del trabajo que hacen los
servidores públicos de la administración, dejando claro que “el procurador,
evidentemente, no está haciendo las cosas bien”.
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