El Ayuntamiento se defiende de los señalamientos de la izquierda

Gabriel Meza

El secretario general de Gobierno del Ayuntamiento de La Paz, Guillermo Beltrán Rochín, lamentó que sus opositores traten de descalificar la modernización del transporte público a través de mentiras.

Lo anterior después de los señalamientos emitidos por David Moyrón Quiroz y Guillermo Guzmán Cota, quienes criticaron una supuesta sesión del Consejo Municipal de Transporte relámpago, sin consensuar un estudio técnico y socioeconómico para elevar la tarifa del transporte público.

Como lo prometió la Dirección de Comunicación Social del gobierno municipal, la mañana del 30 de enero, Beltrán Rochín nos recibió en su despacho y señaló que la acusación es infundada, pues desde mayo de 2011 los concesionarios presentaron un primer documento con observaciones.

Señaló que desde hace 18 meses han analizado el tema, inclusive con una segunda investigación técnica y socioeconómica para corroborar si era necesario aumentar el precio, tomando en cuenta aspectos macroeconómicos como el costo de refacciones y gasolina en comparación con el aumento del salario mínimo.

“El tema está politizado, no se vale descalificar un trabajo muy profesional, por supuesto que hubo mesas de trabajo previo para determinar cuál sería la medida adecuada”, explicó.

Del mismo modo, culpó a las administraciones perredistas de haber retrasado la innovación del transporte colectivo a diferencia de la actual administración, “que hizo un trabajo eficaz”.

“Buscamos lesionar en lo menos posible al ciudadano, y te mostraré cómo aumentaron, mediante acuerdos políticos, en un año Víctor Castro y en el primer ejercicio de Rosa Delia Cota Montaño, de 5 a 8 pesos, significando el 60 por ciento de incremento”, señaló.

El funcionario municipal no descarta que la privatización, es decir, la llegada de empresas nacionales o extranjeras para operar las concesionarias, sea una opción viable de proseguir con los vicios por parte de los encargados del transporte público “aunque tendrían que hacerse ajustes en la ley para ello”.

Advirtió además que, de seguir sin cambios, la administración podría regresar la responsabilidad al gobierno del Estado.

“Si el transportista se rehúsa a evolucionar, hay dos opciones: disminuir el precio a ocho pesos – que es un acuerdo de cabildo – o echarle la bolita al gobierno estado”, agregó.

Advirtió que es un mensaje para los concesionarios, de una posible liberación del transporte público por parte del gobierno del estado, que tiene la facultad para ello se analizaron tres posibilidades antes de tomar una decisión: un aumento de un peso, es decir, a 9 pesos; otros a 9.50 y uno más de 10 pesos, siendo éste último el seleccionado.