Sale con las manos limpias el ex gobernador de Baja California Sur: Miguel Ángel Camacho

Giovanny Carlos Díaz

Ante el amparo solicitado por los representantes legales del ex gobernador Agúndez Montaño, el ex Secretario General de Gobierno, Lic. Alfredo Porras Domínguez y al ex Oficial Mayor Juan Garibaldo Aguilar, para que la Contraloría General de Gobierno no pudiera hacer valida la multa de alrededor de 60 millones de pesos lograron dar un giro en todo el proceso correspondiente y con ello salir absuelto de todo delito por el cual se les perseguía, eso además de sumar el proceso de ser inhabilitados hasta por 6 años de ejercer cualquier cargo público el cual también fue absuelto por las autoridades correspondientes.

Hace algunos meses y en entrevistas para los diferentes medios de comunicación, la Lic. Maritza Muñoz Vargas, Contralora General del Gobierno del Estado, manifestaba la tranquilidad que tenían porque confiaban de buena fe sobre la debida integración de la averiguación previa por parte de la misma Contraloría así como de la Procuraduría General de Justicia del Estado, asegurando que nada podría tumbar lo referido en dicha denuncia.

“Una de las vertientes que pudiera dictar el juez es nulidad lisa y llana, esto que significa, que tendríamos que volver a armar todo y demostrar que es el daño patrimonial, que si hubo el daño patrimonial, nosotros estamos confiados en que la conformación como nosotros lo hicimos como daño patrimonial está bien hecho… esto no termina, porque no termina”.

Sin embargo el abogado representante de los ex funcionarios en el proceso administrativo, Lic. Miguel Ángel Camacho, fue notificado por el tribunal superior de justicia del estado, resolviendo que se “declara procedente la acción de nulidad, y en consecuencia de ello, se declara la nulidad de la resolución impugnada” es decir la denuncia por daño patrimonial, así mismo “la nulidad del procedimiento administrativo de la que deriva la misma”, señaló en entrevista.

“Se declara nulo el procedimiento de aquí a la sentencia, puede iniciar de nuevo la Contraloría el procedimiento, pero el hecho de que pueda físicamente hacerlo no significa que sea legalmente procedente, desde el punto de vista, ya le prescribió la facultad a la contraloría para sancionar… no puede o no debe iniciar el procedimiento toda vez que la facultad para sancionar ya le ha prescrito” –señaló el abogado.

Mientras tanto la sala administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado declaró nula toda acción de la contraloría general de gobierno a través del magistrado Cuauhtémoc González según juicio contencioso administrativo 05-2012, publicando ayer 12 de febrero en la línea de acuerdos, la sentencia definitiva al amparo solicitado por los ex funcionarios. Esto en el procedimiento CGE/ 065/2011 llevado a cabo el 2 de agosto del 2011.

Cabe señalar que el procedimiento fue iniciado por año patrimonial y a decir del abogado de los ex representante sociales, son “cuestiones de derecho en el sentido de que la autoridad no era competente para llevar el procedimiento, por no ser servidores públicos ya, de que la coordinación jurídica de la Contraloría General del Estado llevo a cabo, sustanció un procedimiento sin tener facultades legales para ello, se llevaron violaciones dentro del procedimiento, en el desahogo de pruebas en las notificaciones; diferentes violaciones” señaló Miguel Ángel Camacho.

Ahora, una vez librado el procedimiento de la Contraloría General de Gobierno, Agúndez Montaño, Porras Domínguez y Romero Aguilar pueden desempeñarse en un cargo público o participar en la elección popular si así fuera su decisión y conviniera a sus intereses.

Por último, cabe señalar que desde la misma forma que supuestamente se han venido armando las averiguaciones previas, en este caso o en muchos otros, ahora el Procurador del Justicia en el Estado, Lic. Gamill Arreola Lea, enfrenta serias acusaciones sobre supuestos vicios y usurpación de funciones que su personal manifiesta dentro de referida institución, pues la Lic. Elizabeth Álvarez Mendoza ha declarado para distintos medios de comunicación que alrededor de 400 averiguaciones previas serán “tumbadas” al abogado del pueblo por la falta de criterio y del procedimiento jurídico que han realizado.