Las multas o infracciones
emitidas por agentes de la Policía de Tránsito de La Paz son incapaces de
fundar legalmente el delito en una papeleta. La falta de capacitación quedó de
manifiesto luego que un ciudadano interpusiera un juicio administrativo contra
la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito
Municipal (DGSPPPyTM).
El abogado –especialista en
asuntos administrativos– Willy Santisteban González, explicó que la inhabilidad
de los polimunicipales queda de manifiesto y, aunque tendría que iniciarse un
largo proceso, la ciudadanía en general podría echar abajo cualquier infracción
por cualquier monto.
“Las multas no cumplen con los
requisitos constitucionales de fundar y motivarlas, especificado en los
artículos 14 y 16 de la Constitución". Agregó que en general,
los policías carecen de conocimientos básicos de constitucionalidad.
Reiteró que deben agotarse
todos los recursos legales y “los juicios respectivos” para conseguir el
triunfo ante la dependencia municipal. Cada elemento debe estar preparado
para establecer el artículo correcto “que se supone el ciudadano infringió del
reglamento, y exponer las razones que permiten acreditar la conducta
desplegada y qué motivó la infracción”, explicó.
“Todos los ciudadanos deberían
impugnar los actos de autoridad y someterlos al escrutinio jurisdiccional para
que el magistrado determine su ilegalidad; la autoridad
administrativa, en este caso la policía, no tiene la última palabra”, mencionó.
El titulado con una maestría
en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que la autoridad
tiene que hacer lo correcto. “No puede perseguir el cumplimiento de la
ley violando la ley”, aseguró.
Antes de iniciar el
procedimiento, hizo saber las irregularidades al cabildo del XIV
Ayuntamiento de La Paz, pero fue ignorado.
El 23 de abril del año en
curso, la Secretaría General notificó al quejoso (Juan Antonio Yuen) que
se autorizó el punto de acuerdo para la revocación y dejó insubsistente la
sanción administrativa –con número de infracción 15970 (13 de julio de 2011)–
ejecutada por un agente de la Policía de Tránsito.
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