Gabriel Meza
Por
tal motivo, comenzó un juicio en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para
los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, arguyendo
las atribuciones tomadas por el funcionario legislativo, no eran de su
jurisprudencia. A pesar que se le entregaría un cheque de liquidación
por 81 mil 650 pesos no fueron aceptados por la persona y continuó laborando.
En su hipótesis, el
desempleado, culpa al presidente de la Junta de Gobierno, Gil Cuevas
Tabardillo, así como Pablo Sergio Barrón Pinto, presidente de La Comisión de
Asuntos Políticos y a Victor Ernesto Ibarra Montoya, presidente de la Comisión
de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior -todos pertenecientes a la
fracción del Partido Acción Nacional (PAN)- de proceder en su contra,
solamente, por provenir de la administración pasada.
Desde el inició buscaron
despedirme pero no lo lograron. Después no presupuestaron el recurso orientado
en apoyos a trabajadores, como medida represora", indicó.
La persecución tiene alrededor
de un año, consumándose los designios de los superiores panistas que
no permitieron ingresar al personaje a su oficina. Inclusive, llegó la Policía
Estatal para resguardar al inmueble. Explica que su puesto fue creado tras la
ordenanza de un organismo internacional, en el que el auditor debería ser
elegido fuera de los designios del ejecutivo o el legislativo para una labor
mas expedita, en la revisión de las cuentas públicas de las instancias. Cuenta,
también, que la Ley de Fiscalización resalta su autonomía en su labor.
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