Gabriel Meza
Luego de abrirse la Averiguación
Pública LPZ/024/SPB/2013 ante el
Ministerio Público de Servidores Públicos contra el juez Sergio Aguilar
Navarro, su representante legal, Wilfrido Santisteban González sostuvo,
que existen errores técnicos por parte de la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE).
El juez otorgó una fianza de 31
mil pesos al ex gobernador Narciso Agúndez Montaño y a su ex secretario General
Alfredo Porras, la cual fue considerada por la PGJE como baja, y en
consecuencia se inició un procedimiento judicial. Se debió –insistió
Santiesteban González– a irregularidades administrativas de parte de la
dependencia estatal.
“El juez actuó de manera legal, ya
que de acuerdo a la ley, la reparación del daño se fija tomando en
consideración las pruebas aportadas por el Ministerio Público y su pago debe
ser de acuerdo al valor actualizado de los bienes”, explicó el litigante.
Al fijar la fianza, luego de conseguir
un amparo federal a favor del ex mandatario, el ex juez segundo de primera
instancia del ramo penal no pudo acreditar las pruebas presentadas en el
expediente por carecer de una firma del perito, que expidió los dictámenes de
siete avalúos, “conforme lo exige el artículo 51 fracción I párrafo
segundo del Código Penal”.
Por tal motivo, si Aguilar Navarro
hubiese procedido con base en lo presentado por el
Ministerio Público, “estaría violando las garantías del debido proceso
previstas por las Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos”.
Por ello, el juez expuso en su
dictamen que no se pudo confirmar el monto del daño a reparar, porque el
expediente no tenía pruebas documentales. Por lo tanto fijó la fianza
de 31 mil 714 pesos con 66 centavos, considerada como cuota mínima.
“De lo contrario, surgirían nuevas
cuestiones que pondrían en duda la autonomía y reputación de altos funcionarios
de la administración de justicia y, una vez más, se lastimaría la imagen
del poder judicial”, expresó.
“Resulta, pensando de buena fe, en un
error técnico de la PGJE que el juez no puede subsanar de oficio, o sea que el
juez no puede fijar el monto de la reparación del daño si el Ministerio Público
que acusa no le aporta las pruebas con las formalidades debidas”, reveló en
exclusiva para el Independiente.
A la par, comentó el defensor, el
Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), interpuso el proceso
administrativo de responsabilidad por auto de formal prisión (08/2013). Santisteban González calificó ambos
procedimientos de infundados ante las omisiones que se presentaron en el
transcurso del juicio de Agúndez Montaño.
Caso Agúndez Montaño
El 25 de mayo de 2012, el ex
gobernador Agúndez Montaño ingresó al Centro de Rehabilitación Social
(Cereso) de La Paz, junto con su ex secretario general de gobierno, Alfredo
Porras Domínguez, acusado de peculado (malversación de recursos públicos). El
ex mandatario dijo sentirse un “preso político”, y consideró que logró su
libertad por la justicia federal. Agúndez Montaño obtuvo su libertad luego
de estar preso más de seis meses.
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