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Es el encargado de la imposición de las penas, su modificación y duración;
Así como de otorgar el beneficio de las preliberaciones a internos que cumplen
con los requerimientos que marca la normatividad.
Redacción
Como parte del fortalecimiento de las áreas de
seguridad pública, en especial al Sistema Estatal Penitenciario, ya se cuenta
con la figura del Juez de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad, el
cual será, entre otras cosas, el encargado de otorgar el beneficio de la
preliberación a los internos que cumplan con la normatividad.
Esto lo dio a conocer el Secretario de Seguridad
Pública del Estado, Álvaro de la Peña Angulo, quien señaló que conforme a la
reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio
de 2008, en los artículos 18 y 21, los cuales se modificaron en lo relacionado
con la reinserción social de las personas que han infringido la ley y de su situación jurídica, el estado ya cuenta
con un Juez en esta materia, quien es el único que impone las penas, su
modificación y la duración de ésta.
Por ello, señaló, se trabajo a nivel estatal para
adecuar la Ley del Estado, con la Federal, a fin de contar con un Juzgado de
Primera Instancia de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad, con lo cual
se determina que la autoridad judicial será la figura facultada para otorgar
las penas, así como sus modificaciones para los internos del Estado.
Esto incluye el aspecto de las preliberaciones de
quienes pueden tener este beneficio, una vez acreditados los requerimientos que
marca la normatividad en este renglón, antes de cumplir con la pena
originalmente establecida.
Puntualizó que fue en el mes de noviembre de este
año cuando en el Boletín Oficial número 52, cuando el Poder Judicial del
estado, acordó la creación de este Juzgado, el cual tendrá la competencia que
señala la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de
Baja California Sur.
Finalmente el funcionario estatal, reconoció el
trabajo que en este renglón viene haciendo el H. Tribunal Superior de Justicia
del Estado, al dar certeza jurídica a los internos de los centros
penitenciarios de la entidad.
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