Gabriel Meza
La Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE) anunció que giró orden de arraigo a quien podría ser
– ahora sí – el homicida del joven abogado, Jonathan Hernández Ascencio. Se
trata de Daniel José Sánchez Ávila, de 24 años, a quien el “Juez Segundo
de Primera Instancia de esta ciudad, ratificó este miércoles 05 de
septiembre la medida cautelar de arraigo por 30 días”, asegura el titular
de la instancia, Gamill Arreola Leal.
“¿Por qué se fue el Gary
(primer acusado)?; ¿quién es él?; ¿quién le dio el arma?; ¿por qué lo protegió
todo un gobierno?” son algunas de las preguntas que vienen a la cabeza de
Daniel Hernández Aguirre, luego del arraigo – por parte de la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) – de Daniel José Sánchez Ávila,
presunto culpable del homicidio de su hijo, Jonathan Hernández Ascencio.
Sin establecer los puntos
neurálgicos en los que basan su supuesto, la PGJE sólo limitó a informar que
todo es resultado de las pesquisas que se han hecho en torno a la polémica
investigación. La liberación de los antiguos sospechosos, ocurrió bajo el
argumento de que el expediente del caso estaba viciado. El procurador se
comprometió a obtener una respuesta al enturbiado asunto.
A unos días de cumplirse el
trato entre la dependencia estatal y el padre del hoy occiso, establecido
hace dos meses, el progenitor muestra su escepticismo sobre el nuevo
sospechoso pero – aún así – da su voto de confianza al titular de la instancia
de justicia, Gamill Arreola Leal. Sin embargo, exhortó al funcionario y al
gobernador de Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor a realizar una
rueda de prensa explicando – a detalle – la línea de investigación que dio como
resultado la captura del joven de 24 años.
Acompañado de su abogado,
Hernández Aguirre, solicitará - por octava ocasión – el expediente del
caso para analizar el por qué del arraigo de Sánchez Ávila, a quien dice
no conocer. Otro factor que deberá demostrar la PGJE - según explica - es
la motivación, así como descubrir quién es el autor intelectual y los
cómplices. Además exigen el castigo para funcionarios involucrados que
entorpecieron las investigaciones, “no creo que lo haya realizado (el delito)
él sólo”.
El abogado recordó a la PGJE
tener cuidado de no fabricar culpables, es decir, hay tres personas (testigos
del crimen) que observaron a la persona que disparó; “un trabajador del
(casino) Caliente, Linda Azucena y otra más; ellos reconocerán al
autor material”, expresó.
Un representante de la PGJE,
en entrevista para otro medio de comunicación, señalaría que el joven detenido
fue atrapado luego de regresar a su ciudad natal, La Paz, para colocar un
puesto de tacos; ‘suena ilógico’, declararía el padre Hernández Ascencio.
“Vamos esperar, no se ha
vencido plazo”, añadió el padre del joven abogado asesinado en el bar “La
Micheladas”, en la zona dorada del malecón de ciudad capital.
El 13 de septiembre vence el
periodo en el cual la PGJE deberá cumplir con Hernández Aguirre; “tienen que
convencerme a mi y a la sociedad”. No obstante, los involucrados - en un
principio - como Gary Gaines, los cree culpable y subraya una participación -
de alguna manera - en el violento crimen en contra su hijo.
Para cerrar la entrevista,
recordó un episodio - en los juzgados - donde Jasiel Soto (otro involucrado,
también dejado en libertad) amenazó con “cantar” si no lo dejaban carearse con
uno de los hijos de Daniel. Hecho que aumentó la hipótesis de una conspiración
gubernamental, de la administración pasada.
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