Gabriel Meza
El Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, Sala Regional III, emitió
una impugnación al resolutivo entregado por la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que contravenía a la empresa minera
canadiense La Pitalla.
La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la dependencia decidió cancelar el permiso por ubicarse el proyecto – San Antonio – en la UGA U29, delimitada en el apartado de “Protección ecológica de aprovechamiento y sin aprovechamiento industrial”, del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de La Paz.
No obstante, la resolución judicial expresa que la compañía puede adquirir el cambio de uso de suelo al celebrar contratos de compra-venta del predio con reserva de domino “respecto a los bienes inmuebles como dos fracciones pro-indivisas del predio rústico la Picota con claves catastrales 1-02-128-0008 y 1-02-128-0013”, es decir, al comprobar las escrituras de los mismos (7173,7148 y 26291) – basados en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable – se puede efectuar el cambio de uso de suelo.
La magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en Culiacán Sinaloa, presidido por Teresa de Jesús Islas Acosta se basa en los artículos 120 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para nulificar el oficio SEMARNAT-BCS.02.02.0084/12, emitida el 27 de enero. El rechazo a la minería tóxica ha sido notable en la región hacia los dos proyectos – La Pitalla y Los Cardones – que intentan entrar en operaciones. A pesar de eso, los grupos canadienses continúan intentando ingresar a la península.
Los Programas de Ordenamiento Ecológico Local y Estatal, y el mismo PDU, ayudaron a detener la llegada del proyecto minero; sin embargo, la magistrada ordenó a la delegación – en Baja California Sur – a efectuar un nuevo dictamen. De no hacerlo, la subordinación local podría ser sancionada en base al artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Esta resolución es un embate a las acciones de ambientalistas y ciudadanos que han logrado frenar este tipo de actividades extractivas. No es la primera vez que debido resquicios a la ley, otras mineras se han amparado y actualmente, operan en territorio sudcaliforniano.
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