Gabriel Meza
Este 30 de noviembre, el
procurador de Baja California Sur, recibió a medios de comunicación, luego de
la presión mediática. “¡Yo no soy un delincuente!”, declaró firme el titular de
la Procuraduría General de Justicia del Estado, Gamill Arreola Leal, al cuestionarlo
sobre la denuncia interpuesta por Elizabeth Álvarez Mendoza, presuntamente ex
Agente del Ministerio Público.
La averiguación Previa,
LPZ/63/SPB/2012, acusa al abogado del estado de ejercicio indebido y abandono
de funciones, incumplimiento de un deber legal, violación de garantías e
impedimentos, difamación y los delitos que pudieran resultar. Asimismo, la
parte acusadora acudió al Juez de Garantías para solicitar un amparo federal
que obligase a la Agencia Especializada en Delitos Cometidos por Servidores
Públicos – integrada a la PGJE – a continuar con la integración de la denuncia,
luego de una inactividad procesal.
Desestimó la hipótesis de una
intervención en el caso, asegurando que nunca daría una instrucción contra el
marco legal y hasta se mostró interesado en el desahogo de pruebas para una
resolución inmediata. “Esto que digo es algo honesto, no es doble discurso,
doble lenguaje o una simulación”, explicó.
En su respuesta, Arreola Leal
ve en la demanda en su contra un carácter personal, pero “Si se abrió un
proceso, debe investigarse, así lo establece la ley”. La parálisis en su
asunto, lo atribuyó a un malentendido: “Si creyeron los agentes que por ser yo
no debe caminar, es un error. Jamás he dado esa instrucción”.
Todo el ataque mediático en su
contra, proveniente de Álvarez Mendoza, lo calificó como mero sensacionalismo,
“Es armar boruca”. Lo clasificó como una señora dolida y no es él quien
debe resolver su dolor.
“Independiente de la orden
federal, la institución (PGJE) debe resolverse; incluso, es parte de lo que
estamos diciendo del hartazgo ciudadano”, puntualizó. La denuncia, continúo,
debe seguir los causes señalados por la ley y tiene que ser el Ministerio
Público el principal actor en la investigación; “La situación es en contra mía
pero no quiere decir que se deje de investigar”.
La contratación de Liliana
Oseguera Pérez como Secretaria de Acuerdos en la Agencia en Turno de San José
del Cabo, ocasionó la demanda porque no contaba con cédula ni título
profesional legalmente expedido. Considerando una acción indebida firmar
documentos oficiales de la PGJE.
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