Gabriel Meza
“El único responsable es la CONAGUA, el ejecutivo del estado nada tiene que
ver, la participación de ellos no cuenta, el asunto es entre el ejido y la
CONAGUA, pareciera haber más intereses, el ejecutivo no ve tampoco en los
intereses del estado”, expresó el representante legal del Ejido Caduaño,
Francisco Javier Hilares.
Él aceptó el rompimiento del diálogo con la delegación de la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA) y dejó claro que el ejecutivo estatal, “nada tiene que ver
en las negociaciones”.
El abogado reveló una posible reunión entre inconformes y el Gobierno de Baja
California Sur, para ofrecer de 8 a 10 millones de pesos,
que solventarán los bajos pagos de la empresa por el uso de materiales
pétreos para la construcción de una de las obras emblemáticas de Marcos
Covarrubias Villaseñor: la presa “La Palma”.
Lamentó que el Gobierno del Estado y la delegación de la CONAGUA, den prioridad
o el respaldo a la empresa en lugar de los ejidatarios: “sólo ven por sus
intereses y no por el patrimonio del ejido, es necesario no simular, no
proteger a la empresa (Galdar) que ganó dos licitaciones de mil millones
de pesos; ¿y el ejido?”.
Serían 81 mil toneladas de piedra y grava que se utilizarían para edificar la
obra. En un principio, Israel Camacho Gastelum, representante de CONAGUA,
ofrecía dos pesos por hectárea trabajadas de terrenos ejidales, no
obstante, cálculos de los inconformes debería ser un pago de 350 a 400
pesos. La delegación reconsideró y ofreció pagar siete pesos, los que
siguen siendo poco para los dueños, quienes –por ese motivo – rompieron todo
vínculo con la dependencia federal.
Desde el 4 de marzo, por lo menos 60 ejidatarios de Caduaño acudieron al
lugar de lo que será la presa La Palma, para exigir el pago por la afectación a
por lo menos 160 hectáreas de tierra.
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