Tras reflexionar sobre la
atmósfera de inseguridad, se le preguntó a Rosa Delia Cota Montaño
qué calificación le correspondería al mandato de Covarrubias Villaseñor, a
quien le dio un siete. No obstante al pobre desempeño en seguridad, la
perredista le reconoció la obra pública lograda en el mandato panista aunque la
consideró costosa.
Entre tanto, a la alcaldesa
Esthela Ponce Beltrán, no le fue tan bien, Cota Montaño la reprobó
por su poca cercanía con la sociedad y el pésimo desempeño de la dirección
de Servicios Públicos Municipales. “En algunos aspectos es muy poco lo que
ha hecho en relación con sus trabajadores, deficientes servicios públicos;
está siendo superada por las problemáticas de la capital”, indicó.
Para la dirigencia estatal del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), la inseguridad en el estado ha
extralimitado, por mucho, a las instituciones estatales y municipales, siendo
un asunto preocupante para el bienestar de los ciudadanos.
Rosa Delia Cota Montaño,
presidenta del PRD, hizo un llamado al jefe del ejecutivo estatal, Marcos
Covarrubias Villaseñor y a los cinco alcaldes – en especial a Esthela Ponce
Beltrán – para cerrar filas y combatir con una mejor estrategia el notable
incremento de la delincuencia.
“Las instituciones han sido
rebasadas, lo creo considerablemente, no se está haciendo trabajo de
prevención, que le compete al Ayuntamiento (de La Paz), que debiera de estar
coordinado (con el estado) en la vigilancia de las zonas, ya que con los
rondines permanentes se inhibe a la inseguridad”, expresó.
Sobre la reunión efectuada por
la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de Baja California Sur con los
distintos actores de la seguridad pública, la dirigente vio con buenos ojos los
trabajos que se vienen haciendo y esperan, que realmente, rindan resultados.
El secretario General, Joaquín
Manríquez Palacios, por su parte, ejemplificó el grado de incertidumbre
al recordar el robo de cableado al recién renovado – por el Gobierno del Estado
– estadio Arturo C. Nahl y sugirió afinar detalles en el gabinete
estatal, en específico, en los encargados de la seguridad (PGJE y SSPE).
“Sí es la opción
es quitar, que los quiten de sus cargos, el gobernador debe valorar si sus
funcionarios hacen su trabajo, que los dejen o los quiten, no sólo en La
Paz, también en la Pacífico Norte, donde ha incrementado el robo”,
abundó.
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