jueves, 20 de junio de 2013

Necesario recompensas para encontrar a desaparecidos: Soto Torres

Gabriel Meza

Melchor Soto Torres, padre de la pequeña Liseth Soto Salinas, quien presumiblemente fue raptada en esta ciudad hace dos años, se pronunció a favor de que exista un recurso –dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado– para ofrecer a quienes logren dar información de personas desaparecidas.

Soto Torres sugirió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que el gobierno de BCS presupueste una cantidad determinada para utilizarse en estos casos, lo cual podría facilitar mayor información sobre la ubicación de las personas. “Derivado de una reunión, hace tres meses, se me dio a conocer un flyer donde aparecía mi hija, y el joven ambientalista (David Sosa) ofreciendo una recompensa a quien diera información”, expresó.

El problema, aseguró, es que en el estado no se ha legislado al respecto. "Corresponde al congreso local crear las herramientas jurídicas para que los casos tengan un margen más amplio", señaló. 
La PGJE prometió llamar a Soto Torres cuando se coloquen, además de volantes, posters y lonas en distintos puntos del territorio Sudcaliforniano.  “Dijeron que tomarían fotografías y me mostrarían la ubicación en donde serían colocados los carteles”, añadió a su declaración.

Los avances en el asunto de su hija son nulos: “Desde hace tres meses no ha habido ningún avance, la intención de ellos es buena, pero la última vez se compararon con otras autoridades como Interpol o PGR, diciendo: si ellos no pueden...”.  Lamentó, de nuevo, la forma inapropiada de actuar de la PGJE ante la desaparición de su hija, pues cree se que perdieron horas vitales. 

El padre de Liseth pertenece a Unid@s contra la Trata, asociación civil dedicada a divulgar la necesidad de acciones contra esta problemática en el país. Reveló que trabajan en un protocolo ante las desapariciones, mediante talleres educativos dirigidos a niños, padres de familia y maestros.

En un diagnóstico de la organización, BCS sobresalió como un Estado en el que no había una sola orden de aprehensión por delitos relacionados con la trata de personas.

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