jueves, 16 de agosto de 2012

Semarnat cancela minera La Pitalla; la empresa advierte continuará trabajando e impugnará


Gabriel Meza 

La semana pasada estuvo cargada de sobresaltos. En el fondo ambiental –temática constante a Baja California Sur- la minería sigue dando sobresaltos y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio a conocer la negativa de explotar a la Compañía Minera La Pitalla. El proyecto San Antonio –repudiado por gran parte de la ciudadanía- fue rechazado por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), lo que terminó con una rápida respuesta de la subsidiaria de Argonaut Gold. La dependencia federal, a través de la delegación –en Baja California Sur- anunció la noticia, dando como argumento el Plan de Desarrollo Urbano (PDU), el cual, expresa que no se permite la actividad industrial en el área donde se pretendía desarrollar, y donde —pese a ello— ya se realizaban labores de exploración.

Sin dar señales claras de retroceder, Compañía Minera Pitalla insiste en seguir luchando. Su idea es impugnar la decisión de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien le dio una negativa a la empresa de explotar la zona de San Antonio para establecer el proyecto en un área de “Protección ecológica de aprovechamiento y sin aprovechamiento industrial”, según establece el Programa de Desarrollo Urbano (PDU).

En está ocasión los instrumentos de planeación como los Programas de Ordenamiento Ecológico Local y Estatal (aún no aprobados), y el mismo PDU, ayudan a detener la llegada del proyecto minero: “por ello es importante tenerlos para municipios […] y estados”, añadió el funcionario público. El promotor, en este caso la empresa canadiense, ya fue notificada en los términos que indica la Ley General para el Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

En otro apartado del texto, el consorcio minero explica que “le hizo saber previamente a la autoridad federal que cuenta con los argumentos para demostrar que este ordenamiento no aplica para el proyecto al contar con vicios de origen”. En el comunicado, aprovecharon para agradecer a los pobladores de las comunidades que han mostrado su apoyo a la industria extractiva. El martes (7 de agosto), trabajadores y habitantes de rancherías del sur de La Paz, se manifestaron en la explanada de Palacio Municipal para exponer su opinión positiva a la actividad.

“Siguen vigentes todos los contratos al igual que nuestros programas sociales como el servicio médico gratuito y el plan de becas en tanto se resuelve la impugnación; y a las autoridades pedirles continúen abiertos a conocer un proyecto que ambientalmente y técnicamente es totalmente viable”, finalizó la compañía.

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