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La PGJE
niega el supuesto
Gabriel Meza
El sábado 15 de septiembre, familiares y amigos, cumplieron su promesa:
se manifestaron en la casa de arraigo estatal, en apoyo del joven Daniel José
Sánchez Ávila, quien presumiblemente habría participado en el crimen que le
quitara la vida a Jonathan Hernández Ascencio.
Ese día, el abogado Luis Miguel Ángel Meza del inculpado intentó
–acompañado de Óscar Amador (notario) –dar fe de las condiciones en las que se
encuentra el acusado; sin embargo, el guardia no les permitió la entrada.
Ante la negativa, ya con medios de comunicación, el representante legal
aseguró que se tienen “cuarteados los derechos y garantías”, del acusado,
como ciudadano contenido en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Reveló como es una injustica que lo tengan
separado de su domicilio, pues, al tener una vivienda, ahí es donde debiera
estar cumpliendo la medida cautelar y no en el inmueble donde ha estado desde
el día 05 de septiembre.
La aplicación de la medida cautelar de arraigo a personas relacionadas con
hechos delictivos, “es legalmente permitida por la ley” para la investigación
de delitos, por lo que no viola garantías individuales ni derechos humanos,
aseveró el Procurador General de Justicia del Estado, licenciado Gamill Arreola
Leal.
El titular de la PGJE afirmó que
en las casas de seguridad o arraigo, "se requiere la
observación, aplicación de reglas y procedimientos, y que visitar a una
persona que se encuentre bajo dicha medida cautelar es posible realizando
previamente los respectivos trámites de solicitud de visita e ingreso".
Su padre, José Cruz Sánchez Astorga, comentó que lo ha logrado ver todos
los todos los días por sólo 30 minutos. Se siente preocupado por la afectación
emocional que presenta su retoño, explicando que hace sus necesidades
fisiológicas en “bote”. Sólo cuenta con un colchón y una frazada.
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