Giovanny Carlos Díaz
Sólo silencio es lo que hasta
el momento ha obtenido el diputado Ernesto Ibarra Montoya, con su reforma al
Art. 46 en donde plantea la necesidad de que todos los funcionarios de gobierno
y municipios de Baja California Sur se realicen un examen toxicológico con el
fin de crear igualdad entre cualquier trabajador de dependencia pública. Señaló
que la drogadicción es una enfermedad y por ende hay que tratarla como tal,
respetando los derechos humanos de cada individuo. Ibarra Montoya mostró
empatía con los trabajadores comunes y corrientes que para incorporarse a
alguna empresa se le exige un examen toxicológico y es justamente ahí donde
señala el por qué no a los funcionarios de gobiernos quienes están obligados a
mostrar transparencias tantos en sus funciones como en su estado de salud para
ocupar un puesto como representante popular.
Asentó Ibarra Montoya que los
servidores públicos deben de estar limpios de drogas o consumo de cualquier
estupefaciente además de señalar que con esta reforma la gente tendrá más
confianza en los mismos servidores públicos, funcionarios y por qué no, hasta
futuros gobernadores. Puntualizó que esta reforma estaría en vigor para los
nuevos funcionarios así como aprovecho para comentar que no es violatorio de
los derechos humanos de ninguna persona ya que en otros tipos de empleos así lo
requieren.
Agregó Ernesto Ibarra Montoya
que este examen toxicológico plantea dos propuestas claves. La primera
propuesta es que el examen se aplique de sorpresa a cualquier tipo de servidor
y la segunda es que una vez que algún servidor público, alcalde o gobernador
arrojen positivo en alguna de las pruebas toxicológicas por primera ocasión se
le dará la oportunidad de someterse a un tratamiento de desintoxicación
teniendo que pasar un segundo examen.
Finalmente señaló que dada la
estadística de consumo de drogas que tiene nuestro Estado es su intención
comenzar con algunos exámenes toxicológicos
de funcionarios públicos y así erradicar el consumo de drogas. Del mismo
modo señaló que también extenderá la propuesta para que los jóvenes estudiantes
de secundaria y preparatoria sean sometidos a exámenes antidoping previa
autorización de sus padres para combatir males en la sociedad.
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