De Los gritos de unos 50 inconformes que clamaban
justicia irrumpieron la acostumbrada calma de Palacio de Gobierno del
Estado, tras una marcha para esclarecer lo que, aseguran, la PGJE no investigó
adecuadamente: la muerte de Erika Adriana León Lucero, de 31 años de edad.
Familiares y amigos se trasladaron desde la comunidad La Ventana, a una
hora al sur del municipio, para continuar con una jornada de protestas que
inició el 16 de julio. Su único fin de ver a algún representante del poder
ejecutivo estatal, por lo cual los indignados caminaron por la calle
Isabel La Católica hasta llegar al edificio gubernamental.
Ahí, un trío de agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) ya los
esperaban, resguardando la puerta para evitar que ingresaran al
recinto. Sin embargo, unos minutos de insistencia sirvieron para que una
comitiva pudiera ingresar y hablar con el titular de la Secretaría General
de Gobierno, Armando Martínez Vega.
Por una hora, una tensa calma logró que los policías permutaran sus
nerviosas caras. Mientras, arriba, las negociaciones se llevaban a cabo a
puerta cerrada. Pero en un inesperado giro, Daniel Hernández Aguirre, padre de
Jonathan (asesinado) y familiares del agente de la Policía Municipal de La Paz,
Carlos Vega Andrade (también asesinado) se unieron a la manifestación.
Hernández Aguirre comenzó a alzar la voz ante los presentes, pidiéndoles
no creer en las palabras de los representantes del gobierno del
Estado: “siempre hacen lo mismo”, manifestó, y enseguida los insistió
a romper la pequeña valla policial. Los nervios regresaron en los elementos
policiacos.
Los familiares de Vega Andrade, con una fotografía y una cartulina con
letra color azul, exigían al gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor: “No
solapes a tus servidores públicos corruptos. La Procuraduría está llena de
ineptos; “¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!”. La palabra comenzó a resonar
fuertemente. Ante la intensidad, más agentes se acomodaron frente a la puerta
de cristal de Palacio de Gobierno.
“Pero que les pase a ellos lo que nos ha pasado a nosotros, verán
que lo resuelven ni en cinco minutos; nosotros no existimos para ellos, lo que
no saben es que nosotros los pusimos en la silla, nosotros votamos para que
estuvieran allá arriba”, agregó el padre de Jonathan, apuntando al segundo piso
del inmueble.
Añadió que “esto cambiará el día que nos unamos todos, porque les
voy a decir una cosa, nadie está exento a lo que está pasando en Baja
California Sur, nadie. Todos debemos unirnos, esto no debe parar,
debe seguir todos los días porque todos somos víctimas, todos somos hermanos”.
La necesidad de un nuevo procurador “con pantalones” es una de las prioridades,
dijo, para mejorar el actuar de la PGJE: “Que no tenga compromisos con nadie y
que no reciba órdenes de acá arriba; que trabajen como debe de hacer”,
expresó.
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