Gabriel Meza
El tema del hostigamiento sexual llegó al pleno del Congreso del Estado durante la sesión pública ordinaria del día jueves 29 de marzo. Un grupo de familiares de siete víctimas del delito, hicieron acto de presencia manifestando su inconformidad por el actuar de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) ante el delito cometido por l profesor del Departamento de Biología Marina, Rafael Ríos Mena Rodríguez, quien es acusado desde 2007.
En manera silenciosa, un gran manta roja fue desplegado en el recinto legislativo para recordar a los diputados por la delicadeza del asunto. Brigida Coset Quiñones Peiro, alumna de la carrera, explicó que hubo un acercamiento con el abogado del Poder Legislativo, Eduardo Ramírez para conformar un documento para proteger a mujeres que pudiesen confrontar circunstancias similares.
Al respecto, el diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto parea reformar el Artículo 285 del Código Penal Vigente en el Estado, documento que pretendía elevar a penas mayores y si es necesario inhabilitar de manera definitiva para desempeñar un trabajo en instituciones educativas de nuestra entidad.
Según la Ley de Acceso a la Mujer Libre de Violencia, “el Estado y Municipio deberán crear procesos claros y administrativos en escuelas y centros laborales, para sancionar el hostigamiento y acoso sexual implementando sanciones administrativas al superior jerárquico del hostigador o acosado”.
La UABCS, ilegalmente, en 2007, no hizo caso a lo que ocurría. En esa fecha, acaeció el primer hecho atroz. La vocera de las traicionadas féminas, narró que una educanda viajó a Canadá, acompañada por el maestro para presentar un proyecto de investigación, como parte de sus trabajos dentro del doctorado. Una vez en aquel país, Ríos Mena Rodríguez, le insinuó a su alumna que la había seleccionada por ser “atractiva e intentó sobrepasarse con ella”.
De inmediato, el suceso fue informado a la administración de la UABCS, quienes procedieron a despedir a la candidata a doctor. Desde entonces, seis casos se dieron a conocer. En 2009 y 2010, la rectoría así como el departamento Jurídico se acercaron -a las afectadas- solicitando “no ventilar la delicado escenario”, ellos, les notificaron, tomarían cartas en el asunto. Nada pasó.
Por el largo proceso, la Subprocuraduría de Atención a la Mujer y al Menor (SAMM) consideró sólo a dos personas en calidad de víctima y el resto, se les tomó su comparecieron para dar su testimonial.
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