En lo que va de 2013 la Procuraduría de Defensa del Trabajo de Baja California Sur sólo registró dos denuncias contra empresas agrícolas, las cuales incumplieron con respetar los derechos humanos de sus empleados.
Sin embargo, Martha Yadira Girón Cadena señaló que la mayoría de las empresas no han presentado irregularidades con sus trabajadores, una gran parte de ellos, traídos de otros estados para laborar en los campos Sudcalifornianos.
Aunque no dio nombre de las compañías infractoras, la funcionaria estatal confirmó que por lo general, cuando se comete una ilegalidad contra los jornaleros, es por la falta de pago y un supuesto engaño de los patrones referentes a las condiciones de trabajo.
En el año, se han atendido 10 asuntos y la de Defensa del Trabajo de Baja California Sur brinda orientación jurídica para emprender juicios laborales para luchar por lo que les corresponde, no obstante, muchos de los jornaleros no quieren demandar, prefiriendo intentar conseguir su dinero – afirmó – para regresar a su tierra.
“Nos corresponde asesorarlos, en el transcurso de este periodo a cago del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, hemos estado visitando los campos agrícolas desde Cabo San Lucas a Mulegé, asesorando; hemos tenido algunos trabajadores del campo manifestando a la procuraduría que los traen con engaños”.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), calculó las quejas de jornaleros agrícolas, que son las que más se generan cada año en el municipio de La Paz, entre 80 a 90 denuncias contra ranchos.
“Una vez que apoyamos a
conseguir la paga del tiempo trabajado, ellos deciden no denunciar por temer a
perder sus prestaciones y optan por intentar regresan a sus lugares
de origen”, reiteró la funcionaria estatal.
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