El titular de la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE), Gamill Arreola Leal, recibió
la recomendación CEDHBCS-VG-REC-
04/13 por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de BCS.
El abogado Arturo Rubio
Ruíz, explicó que la recomendación se debe a la "detención arbitraria,
retención ilegal, violación al derecho al trato digno, tortura, incomunicación,
lesiones, amenazas, intimidación y ejercicio indebido de la función pública en
agravio de Norma Zavala Avilés, Trinidad Murillo Lucero, el menor Pedro Antonio
Méndez Markham, César López López y Salvador Jaime Méndez Sánchez".
En el extenso archivo son
señaladas irregularidades. “Fueron objetos de abuso de autoridad por parte
de los Agentes Aprehensores, quienes no les permitieron realizar llamada
telefónica alguna, ya que les quitaron sus teléfonos celulares y su dinero, las
camionetas que traían; nunca les dieron alimentos, ni donde dormir”.
Un fragmento del texto
agrega:
“Trinidad Murillo fue
llevado hacia la parte de atrás donde lo golpearan, le dieron golpes en la
espalda, en el estomago, con una arma grande de las largas; lo metieron a un
balde con agua, luego le ponían bolsas de plástico en la cabeza”. De igual forma,
fue golpeado Méndez Sánchez quien se le
provocó vomitar sangre.
Rubio Ruíz declaró que “esta
mañana (10 de mayo de 2013), fuimos notificados del resultado de la queja
interpuesta contra personal de la PGJEBCS, adscritos a la cárcel privada del
procurador, que denominan ‘casa de arraigos’”.
El organismo responsabilizó a
los “elementos de la Policía Ministerial y personal de la PGJE que tienen a su
cargo las labores de vigilancia y protección de las instalaciones del Centro de
Ejecución de Medidas Cautelares (Centro de Arraigo)”.
Además, exhortó al
abogado del estado a iniciar un procedimiento ante la Contraloría Interna de la
PGJEBCS y la Contraloría General del Estado, precedida por Maritza Muñoz
Vargas.
Explicó que se trata de un
caso donde los afectados fueron acusados de pertenecer a una supuesta banda de
roba cajeros automáticos, derivado de un asalto a una gasolinera en Ciudad
Insurgentes, en Comondú. “Los verdaderos asaltantes deben estar muertos de
risa. Mis clientes fueron consignados, los amparamos y todos están en libertad,
pero durante la investigación, fueron objeto de todos los hechos que se narran
en la recomendación”, expresó el abogado.
La CEDH solicitó “una
respuesta sobre la aceptación o no aceptación de la presente, nos sea informada
dentro del términos de 10 días hábiles contados a partir de la notificación, y
en su caso, remita a éste Organismo defensor de Derechos Humanos, las pruebas
fehacientes que acrediten el cumplimiento de ésta Recomendación”.
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