Urge frenar la indisciplina en planteles educativos

·         Quienes resulten culpables, estarán obligados a la reparación del daño físico o moral

Benedicto Hernández Zepeda

Ante la posibilidad de agresiones entre educandos o estos con algún docente o personal administrativo, que pudiera constituir posible delito, el Congreso del Estado a través de la iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Escolar, propone otorgar mayores facultades a los integrantes de las Brigadas de Seguridad de cada plantel educativo y el uso de los mecanismos de solución de controversias por conflicto dentro de la escuela, la reparación del daño ocasionado, de la víctima o institución.

Lo anterior se desprende de la iniciativa con proyecto de Decreto presentada por el diputado Sergio Barrón Pinto, quien después de revisar la Ley de Seguridad Escolar, que representa un mecanismo de soporte jurídico para adecuar los Reglamentos Internos de cada una de las escuelas, y establezcan los supuestos de controversia o conflicto, así como la solución al mismo, sin dejar de lado que en determinado momento pudiera ser tal la agresión entre los educandos o estos con algún docente o personal administrativo que pudiera constituir un posible delito.

Ante estos serios problemas de conducta e indisciplina, el legislador propuso reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Seguridad Escolar, después de que en los municipios de Los Cabos y La Paz se han conocido hechos vergonzosos: peleas entre alumnos y de alumnos con maestros de distintos niveles educativos y planteles, que van desde la agresión verbal hasta la física, actos de discriminación y el acoso que llega al bullying, entre otros, mismos que son exhibidos y difundidos a través de celulares, redes sociales, emails, Facebook o cualquier medio de comunicación, lesionando severamente la autoestima del alumno o alumna y que en muchas ocasiones, es difícil quejarse ante las autoridades del plantel por temor a represalias de los agresores.

Barrón Pinto indicó que “es mejor prevenir con reformas que impulsen la generación de políticas públicas para la prevención, a que siga ocurriendo violencia en las instituciones educativas que pudieran generar o desembocar en situación que lamentar”. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Educativos y de la Juventud, para su análisis y dictamen correspondiente.