Gabriel Meza
Luego del silencio sepulcral
de parte de la fracción de Partido Acción Nacional (PAN), en torno a la
“reelección tácita” del magistrado y ex presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado (TSJE), Ignacio Bello Sosa, el Presidente la Junta de
Gobierno y Coordinación Política, Gil Cueva Tabardillo, señaló que es un asunto
que deberán analizar los 21 diputados.
Luis Pérez Murrieta, diputado
panista, a quien el PRI le imputaba la responsabilidad por una comisión
legislativa, ya había anunciado que daría pronunciamiento al respecto, sin
embargo, al final se retractó, Cueva Tabardillo reconoció que el antiguo
Oficial Mayor del Congreso del Estado, Víctor Madrigal, sabía del asunto junto
con dos asesores.
“En su momento, el Oficial
Mayor en turno, podemos puntualizarlo sin ningún inconveniente, junto con uno o
dos asesores. En una reunión con los 21 diputados pondremos el problema sobre
la mesa y fincaremos responsabilidad”, expresó.
El 31 de marzo de 2011, Rubén
Cano Elías sustituyó a Víctor Madrigal Barboza quien fungió en el cargo por 4
legislaturas y quien, supuestamente, conocía el asunto de Bello Sosa pero no
informó a los legisladores para comenzar el procedimiento correspondiente.
Es por ello, que el
congresista señala la necesidad de reunirse con todas las fracciones y
diputados independientes para analizar “y fincar responsabilidades” sobre
el controversial asunto.
Omar Zavala Agúndez
acusaría el 26 de febrero de 2013, a Luis Pérez Murrieta y al propio Gil Cueva
Tabardillo de permitir la reelección automática del magistrado. Al respecto, el
presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política dejó clara la
urgencia de solucionar y reunirse con todos los representantes populares.
El PRI indicaría que los panistas, por no
iniciar el procedimiento que debería haber comenzado entre el 01 de abril al 30
de mayo de 2011, fueron los responsables cuando Pérez Murrieta precedía la
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Al no efectuar llamado alguno a Bello
Sosa, se incumplió con el artículo 93 bis de la Constitución del Estado
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