lunes, 3 de junio de 2013

Incumple CONAGUA con pago a ejidatarios en presa La Higuerilla


Gabriel Meza

Con el lema “es nuestra tierra”, José Guadalupe Geraldo Arias y sus 12 hermanos no desistirán hasta obtener un pago justo de sus parcelas por parte de la delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que hasta el momento no ha indemnizado, licitado ni firmado contrato con los dueños originales desde 1800.

Pesé a lo anterior, la empresa CALSA Arrendadora López ya había iniciado los trabajos de la construcción de una presa en la zona conocida como rancho La Higuerilla, que beneficiaría al municipio de Comondú. Sin embargo, la familia Geraldo Arias negó la entrada de todo el personal que labora en el área.

Ayer, agentes de la Policía Estatal Preventiva, el representante de la Policía Ministerial en Ciudad Insurgentes y miembros de la constructora se presentaron en el lugar. Los elementos policiacos sólo vigilaron tras el intento de ingresar, supuestamente, por órdenes del delegado de la Conagua, Israel Camacho Gastélum.

La intervención del gobierno del estado, a través de la subsecretaría de Gobierno, no consiguió los acuerdos necesarios entre el ente federal y los propietarios. El valor estimado por la familia Geraldo Arias del terreno es de 17 millones de pesos.

La clausura –asegura José Guadalupe– ocurrió de forma gradual para evitar que no terminaran abruptamente con la edificación de la presa desde el 24 de abril del 2013.

“Permití la entrada de algunos mecánicos y que trabajaran una motobomba para no inundar la obra. Los veladores permanecieron en su puesto y nosotros los alimentábamos pero después de eso ya no permití entrar al ingeniero Felipe López e hijo ni a Cesáreo Osuna”, expresó.

Además, comentó que se han dañado predios del ejido Ley de Aguas Federal #1 y algunos ranchos: La Calabaza, San Bartolo, Andachiris, La Higuerilla, donde está la prensa; “no siguieron la línea y se agarraron remangando cactus, afectando cuando creaban el sendero”.

Lamentó la depredación que se hizo del lugar sin contar con un estudio de impacto ambiental, sumado a las 25 hectáreas devastadas, así como que no se haya cumplido con una zona de trasplante de la flora afectada.  “Solicitamos el apoyo de las autoridades competentes para ayudar a resolver la problemática”, sentenció el afectado.

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