martes, 4 de junio de 2013

Reducen el arraigo a 20 días en la entidad

·         El Congreso del Estado en las reformas al Código Penal, determinó reducir el plazo a 20 días y castigar el incumplimiento de requisitos legales


Benedicto Hernández Zepeda 

En el Estado, la figura de arraigo ha quedado reducida a 20 días y además que el lugar donde se realice esta acción, “deberá ser un sitio en el que se preserven a toda costa los Derechos Humanos” y que el  juez que otorgue la medida a solicitud del agente del Ministerio Público, deberá cuidar que se cumplan totalmente los requisitos previamente establecidos, con la advertencia de que incurrir en incumplimiento de un deber legal, la autoridad judicial podrá ser procesada. 

Las condiciones para el arraigo, fueron aprobadas por el Congreso del Estado, en las modificaciones al Código de Procedimientos Penales, tras la intervención del diputado Omar Antonio Zavala Agúndez, quien dio lectura al dictamen inicial en el que se proponía la desaparición de la figura del arraigo, señalando que los integrantes de la Comisión, habían tomado la decisión de modificar el proyecto de decreto, para abonar a los avances en buscan de una justicia de calidad para todos los Sudcalifornianos.

En la propuesta presentada al pleno de la XIII Legislatura por el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Omar Antonio Zavala, misma que aprobaron 16 diputados y tres se abstuvieron se señala que el arraigo en Baja California Sur se reduce de 30 a 20 días, “conforme a un parámetro que se ha venido marcando en el contexto nacional en esta materia”.

Sobre el procedimiento, los legisladores ratificaron que será la autoridad judicial la que a solicitud del agente del Ministerio Público del Fuero Común solicite el arraigo para la persona que en caso de delito grave, “haya temor fundado de que el inculpado evada la acción de la justicia”.

El legislador agregó que las leyes mexicanas y los tratados de los que México es signatario, precisan del escrupuloso cuidado de los derechos humanos, por lo que se aprobó que en el lugar donde se lleve a cabo el arraigo o medida cautelar, se deberán preservar “a toda costa” los derechos humanos, “habrá un trato digno, comunicación con los familiares y defensores y la guarda de su integridad física, psicológica y moral”.

Destacó Zavala Agúndez que el arraigo, “nunca deberá ser en un recinto destinado a la prisión preventiva, de ejecución de sanciones o de los establecimientos penitenciarios y que en todo momento los organismos protectores de los derechos humanos podrán revisar la aplicación de esta medida.

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